Aquella solitaria Vaca Cubana

Cuba: Expresarse libremente puede llevarte a la cárcel
Orlando Zapata Tamayo, 2003 © Getty Images
Fuente: Amnistía Internacional

Orlando Zapata Tamayo fue detenido en marzo de 2003, y en mayo de 2004 fue condenado a tres años de prisión por “desacato”, “desórdenes públicos” y “resistencia”. Posteriormente fue sometido a varios juicios por cargos adicionales de “desobediencia” y “desórdenes en establecimientos penitenciarios”, el último de ellos en mayo de 2009.

En el momento de su muerte cumplía una condena total de 36 años de prisión. Su único delito fue trabajar por los derechos humanos en Cuba. El hecho de que Orlando Zapata Tamayo, al verse ante una pena de prisión tan prolongada, sintiera que el único camino que le quedaba era matarse de hambre como protesta constituye una denuncia terrible de la constante represión que sufren los disidentes políticos en Cuba.

Orlando Zapata Tamayo era uno de los 55 presos de conciencia adoptados por Amnistía Internacional en Cuba. La mayoría formaban parte de las 75 personas detenidas durante la oleada masiva de represión emprendida por las autoridades en marzo de 2003 contra los activistas políticos. En Cuba, sin un poder judicial independiente, los juicios son a menudo sumarios e incumplen gravemente las normas internacionales sobre juicios justos; una vez dictada la sentencia, las posibilidades de apelar son prácticamente nulas.

Por otra parte, el embargo del gobierno estadounidense también repercute de forma negativa en el ejercicio de los derechos humanos de los cubanos. Sin embargo, esto no justifica un sistema legal represivo que restringe las libertades fundamentales en un grado que supera con creces lo que permiten las normas internacionales de derechos humanos sobre la protección de la seguridad nacional y el orden público.

Es hora de que el Gobierno cubano ponga fin a todas las formas de hostigamiento e intimidación dirigidas contra disidentes que sólo pretenden ejercer de manera legítima sus derechos humanos fundamentales.

Exige al Gobierno cubano la liberación, inmediata e incondicional, de todos los presos de conciencia.